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Escrito por: Tomado de Internet

Preocupan las operaciones militares de EE.UU. contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, donde se ha matado a 37 personas

Dos nuevos ataques en el Pacífico Oriental han desatado preocupaciones sobre la extralimitación legal del gobierno del presidente Donald Trump al bombardear a embarcaciones, bajo la sospecha de que sean de traficantes de drogas.

“Nuestra Constitución nos da el poder al presidente a decidir quién él puede matar sin un debate”, dijo el senador demócrata Tim Kaine (Virginia) en una conferencia virtual con medios hispanos, luego del primer atacar en el Pacífico, cerca de las costas de Colombia.

En un primer comentario Kaine calificó como “ilegal” la acción militar de Estados Unidos, primero con atacas en el Caribe, cerca de Venezuela, y ahora en el Pacífico.

Kaine adelantó que en dos semanas presentará una nueva resolución para limitar las acciones de la Administración Trump, al tiempo que reconoció preocupaciones por la presión que aumenta contra Colombia cuyo presidente, Gustavo Petro, ha sido señalado como “traficante de drogas” por el mandatario estadounidense.

El demócrata tampoco consideró pertinente iniciar “una guerra” contra Venezuela.

“Yo creo que vamos a tener más republicanos votando con nosotros […], hemos tenido conversaciones con mis colegas, pero yo creo que el número de senadores que están votando contra guerra va a crecer”, adelantó.

Varias organizaciones con trabajo en relaciones internacionales y derechos humanos han expresado su preocupación sobre la extralimitación legal de la Administración Trump con ataques a embarcaciones que, como indicó el Senado, no se han confirmado que sean de narcotraficantes, ahora llamados narcoterroristas.

Human Rights Watch advirtió que los ataques se producen en medio de los esfuerzos de la Casa Blanca “por obtener una nueva y amplia autoridad para perseguir a los llamados ‘narcoterroristas’, lo que podría facilitar nuevas violaciones de derechos humanos”.

“Los funcionarios estadounidenses no pueden ejecutar sumariamente a personas a las que acusan de contrabando de drogas”, declaró Sarah Yager, directora de Human Rights Watch en Washington, cuando apenas iban 14 personas que habían muerto en los ataques. “El problema de la entrada de narcóticos a Estados Unidos no es un conflicto armado, y los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario”.

En nueve ataques desde septiembre ha dejado 37 personas muertas, según información del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Implicaciones diplomáticas

El Council on Foreign Relations (CFR) considera que las acciones militares de la Administración Trump marcan un cambio en la política antinarcóticos de Estados Unidos, pero principalmente plantean “cuestiones jurídicas y diplomáticas al difuminar las líneas entre la aplicación de la ley, la interdicción y la guerra”.

“[Se] pretende justificar el uso de fuerza letal contra ciertas categorías no especificadas de miembros de cárteles, tratándolos esencialmente como soldados enemigos. Sin embargo, debido a la escasa información proporcionada por la administración Trump sobre los ataques y sus justificaciones legales, no está claro hasta qué punto la Casa Blanca está exagerando esta teoría”, expuso Matthew C. Waxman, es investigador adjunto superior en Derecho y Política Exterior en CFR.

El American Friends Service Committee (AFSC) advierte que las personas fallecidas en los ataques son víctimas de ejecuciones, no de aplicación de la ley.

“Estados Unidos asesinó a las personas en estas embarcaciones sin el debido proceso”, indicó en un texto explicativo. “Todas las personas, sin importar dónde vivan o la ley de la que se les acuse de infringir, tienen derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y al debido proceso. Cuando alguien es acusado de un delito, es detenido y se le ofrece un juicio y defensa. En lugar de interceptar las embarcaciones, el gobierno estadounidense optó simplemente por matar al acusado. Esto constituye un asesinato con la autorización del Estado”.

El senador Kaine se apegó al argumento de AFSC, al señalar que si EE.UU. tenía información que confirmara que las personas en las embarcaciones traficaban droga, entonces debían ser llevadas a proceso legal, pero incluso dos sobrevivientes, uno de Colombia y otro de Ecuador, fueron repatriados.

“Estados Unidos no tiene derecho legal a usar la fuerza contra estos grupos. Los narcotraficantes no son objetivos militares legítimos”, acotó el AFSC.

La nueva propuesta impulsada por los demócratas –Kaine y el senador de California, Adam Schiff–, el 8 de octubre, tuvo en la primera votación el respaldo de dos republicanos, Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky).

https://laopinion.com/2025/10/23/trump-no-puede-decidir-a-quien-matar-las-preocupaciones-legales-de-ataques-a-embarcaciones/