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Internacional

Escrito por: Tomado de Internet

La nueva regla de carga pública amplía los beneficios que podrían revisar los agentes y provoca una ofensiva legal

La pelea por las green cards llegó nuevamente a los tribunales. Una coalición de 22 estados y Washington D.C. demandó a la administración de Donald Trump para impedir que entre en vigor una nueva regla de “carga pública” que amplía el margen de los funcionarios de inmigración para evaluar el uso de beneficios públicos de los solicitantes.

La demanda fue presentada en una corte federal de Manhattan y está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin forman parte de la coalición, además de Washington D.C.

La medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está programada para comenzar el 18 de septiembre. De acuerdo con Reuters, el cambio recupera y amplía una política similar aplicada durante el primer gobierno de Trump, que posteriormente fue revertida durante la administración de Joe Biden.

Medicaid, SNAP y hasta comidas escolares

El centro de la controversia está en qué puede considerar un agente al decidir si una persona podría convertirse en una “carga pública”.

La nueva política permitiría evaluar un abanico mucho más amplio de ayudas públicas, entre ellas Medicaid, SNAP —los cupones de alimentos— y otros beneficios sujetos a los ingresos. También existe preocupación porque determinados apoyos utilizados por familiares del solicitante, incluidos hijos ciudadanos estadounidenses, puedan entrar en la evaluación.

La fiscal general James advirtió que esto podría provocar que las familias tengan que decidir entre recibir ayuda cuando la necesitan o proteger su proceso migratorio.

“Ninguna familia debería tener que elegir entre acceder a atención médica y asistencia nutricional hoy, o proteger su camino hacia la residencia permanente mañana”, señaló el fiscal general de California, Rob Bonta, según el comunicado de su oficina.

James también sostuvo que la norma podría hacer que los inmigrantes tengan miedo de solicitar beneficios a los que legalmente tienen derecho. En particular, cuestionó que puedan tomarse en cuenta servicios como el seguro médico o los programas de alimentación escolar.

NY y varias ciudades presentan otra demanda

La ofensiva legal no terminó con la demanda de los estados. Ese mismo día, Nueva York, Chicago, San Francisco, Seattle y varios condados presentaron otra acción contra la administración Trump.

La demanda, liderada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sostiene que la nueva política podría provocar un efecto disuasorio incluso entre familias que tienen derecho a recibir asistencia.

El DHS, por su parte, defiende la medida y sostiene que busca reforzar la autosuficiencia de los inmigrantes y reducir la dependencia de programas financiados con recursos públicos. Reuters reportó que funcionarios de la administración argumentan que la política pretende evitar que los inmigrantes dependan de beneficios sociales.

Por ahora, la disputa se encuentra en manos de los tribunales. La principal preocupación para quienes tramitan una green card es que la nueva regla pueda ampliar considerablemente la información que los agentes consideran al determinar si un solicitante podrá convertirse en residente permanente.

https://laopinion.com/2026/09/15/estados-y-ciudades-demandan-a-trump-por-regla-que-podria-complicar-la-green-card-a-usuarios-de-snap/